El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), en el marco de su Plan Estratégico de Intervención del Sistema Penitenciario, ejecutó un nuevo operativo de seguridad orientado a reducir el hacinamiento, fortalecer la gobernabilidad y restablecer el orden en los centros de privación de libertad del país.

Como parte de la gestión institucional, entre el martes 14 y miércoles 15 de abril se llevó a cabo el traslado técnico de 300 personas privadas de libertad (PPL) desde el Centro de Privación de Libertad Imbabura N.° 1 hacia el Centro de Privación de Libertad Azuay N.° 1, en una acción articulada con la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria.

El operativo se desarrolló bajo la aplicación rigurosa de protocolos de seguridad y estándares de derechos humanos, garantizando condiciones adecuadas durante todas las fases del proceso. Esta intervención responde a criterios técnicos de clasificación, seguridad y gestión penitenciaria.

Previo al traslado, el CPL Imbabura N.° 1 registraba un 105% de hacinamiento, situación que limitaba la operatividad institucional, afectaba las condiciones de habitabilidad y dificultaba el control interno. Con la ejecución de este operativo, se logra una reducción efectiva de la sobrepoblación, permitiendo recuperar condiciones adecuadas para la seguridad, el orden y la convivencia.

Desde una perspectiva técnica, la descongestión del centro penitenciario posibilita fortalecer el acceso real a los ejes de tratamiento y rehabilitación social, promoviendo procesos sostenidos de reinserción y garantizando una gestión más eficiente del sistema.

En el ámbito de la seguridad, estos traslados estratégicos constituyen una medida clave para debilitar estructuras del crimen organizado que operan al interior de los centros, consolidando el control progresivo del Estado sobre el sistema penitenciario.

Con acciones firmes y planificadas, el SNAI reafirma su compromiso de transformar el sistema penitenciario ecuatoriano, por la seguridad de los ecuatorianos avanzando en un modelo caracterizado por la saturación hacia uno más seguro, ordenado y con enfoque humano, en cumplimiento de las políticas públicas de seguridad y rehabilitación social impulsadas por el Gobierno Nacional.