106 personas privadas de libertad (PPL) fueron trasladadas entre la noche del miércoles 9 y la madrugada del jueves 10 de septiembre, desde varios centros de privación de libertad del país hacia el Centro de Rehabilitación Social Guayas N.° 4, como resultado de labores de inteligencia, análisis de información y coordinación interinstitucional de las entidades que integran el Bloque de Seguridad.

Bajo el liderazgo del presidente de la República, Daniel Noboa Azin, y los lineamientos del ministro del Interior, John Reimberg, el Gobierno Nacional mantiene acciones orientadas a debilitar las dinámicas del crimen organizado intramuros, preservar el orden y fortalecer el control del Estado en los centros de privación de libertad.

La intervención responde a una estrategia de seguridad orientada a fortalecer el control del Estado dentro de los centros de privación de libertad, anticiparse a las amenazas y debilitar las dinámicas del crimen organizado en el interior del sistema penitenciario.

A partir de las labores de inteligencia y del análisis técnico de riesgos, con la participación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), fueron identificadas personas privadas de libertad vinculadas con acciones orientadas a alterar el orden y afectar la seguridad interna de los centros donde permanecían. Con base en estos criterios, el SNAI, en articulación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, ejecutó un operativo planificado para realizar los traslados bajo estrictas medidas de seguridad.

El CRS Guayas N.° 4 cuenta con las condiciones de infraestructura y seguridad necesarias para aplicar medidas de control reforzado sobre esta población, limitar su capacidad de organización y prevenir acciones que puedan afectar la estabilidad penitenciaria.

Esta intervención forma parte de una planificación permanente de seguridad penitenciaria que integra el análisis de riesgos, la redistribución estratégica de la población privada de libertad y el trabajo articulado del Bloque de Seguridad, con el propósito de responder de manera focalizada ante amenazas que puedan afectar el orden y fortalecer la capacidad del Estado frente al crimen organizado intramuros.

Con estas acciones, el SNAI reafirma que los centros de privación de libertad permanecen bajo control del Estado y que las intervenciones responden a una política de seguridad liderada desde el Gobierno Nacional, que combina inteligencia, planificación y capacidad operativa para prevenir y enfrentar amenazas.

El Estado no cede el control de los centros penitenciarios. La acción coordinada y estratégica permite anticipar riesgos, ejecutar intervenciones planificadas y fortalecer la seguridad del sistema penitenciario.