El Gobierno Nacional, a través del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), inició el 16 de octubre de 2026 la primera fase del Plan Nacional de Clasificación de Personas Privadas de Libertad, una intervención que contempla a 9.214 personas privadas de libertad (PPL) distribuidas en seis centros penitenciarios de Cotopaxi, Azuay, Tungurahua y Chimborazo.

Bajo el liderazgo del presidente de la República, Daniel Noboa Azin, y los lineamientos del ministro del Interior, John Reimberg, esta estrategia constituye un paso trascendental en la transformación del sistema penitenciario, orientado a debilitar la influencia de las estructuras criminales, romper las cadenas de mando y fortalecer el control del Estado dentro de los centros de privación de libertad.

El proceso contempla la clasificación de las PPL en cuatro niveles de seguridad: mínima, media, máxima y máxima especial. Esta distribución responde a criterios técnicos y de seguridad penitenciaria, con el propósito de establecer mecanismos de control diferenciados de acuerdo con el nivel de riesgo de la población penitenciaria.

La clasificación penitenciaria no solo busca limitar la capacidad de organización e influencia de los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO), sino también contribuir a una administración más eficiente de la población privada de libertad y generar mejores condiciones para el desarrollo de los procesos de rehabilitación y reinserción social.

Durante las intervenciones se contó con la participación de representantes del Ejecutivo, la Policía Nacional, el Grupo Especial de Agentes de Seguridad Penitenciaria y servidores del Cuerpo de Vigilancia y Seguridad Penitenciaria, quienes desarrollaron acciones coordinadas para la ejecución de este proceso.

El director general del SNAI, Mgs. Mauricio Mayorga Vallejo, constató en territorio el desarrollo de las actividades y reconoció el compromiso del personal policial, administrativo y técnico que participa en la implementación de esta estrategia.

Esta primera fase representa el inicio de una transformación estructural en la gestión penitenciaria. Su implementación busca reducir la injerencia de los grupos criminales, preservar el orden y consolidar un sistema de rehabilitación social con mayores niveles de organización, seguridad y control institucional.

No es solo clasificar a la población penitenciaria. Es poner orden, romper estructuras de poder y avanzar hacia un sistema penitenciario bajo el control del Estado.